Desde que mediante la Ley 24.429, sancionada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se puso fin a la obligatoriedad del Servicio Militar Obligatorio (SMO) para los varones, reaparece periódicamente en ciertos sectores de la sociedad la propuesta de reinstaurarlo, al menos de forma parcial, para aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan: los llamados “ni-ni”.
La intención declarada es formar cívicamente a estos jóvenes, inculcarles disciplina y valores como el patriotismo, encaminarlos cuando se encuentran en situación de riesgo, capacitarlos en oficios y combatir la violencia juvenil, al tiempo que se reduciría la ociosidad. Se menciona frecuentemente como ejemplo el servicio militar obligatorio en países como Corea del Sur o Israel. Sin embargo, esta comparación omite un detalle fundamental: ambos países se encuentran en una situación de conflicto estratégico permanente, lo que justifica plenamente la necesidad de mantener un alto grado de disuasión y contar con medios humanos altamente entrenados para enfrentar amenazas reales o potenciales de países limítrofes. Además, sus economías —mucho más robustas que la argentina— les permiten destinar ingentes recursos a equipamiento militar y al sostenimiento de fuerzas numerosas y bien preparadas.
Existen, no obstante, argumentos de peso que hacen poco recomendable el retorno del SMO en la situación actual de la Argentina.
En primer lugar, si el servicio no fuera universal —es decir, obligatorio tanto para hombres como para mujeres, independientemente de si estudian o trabajan—, sería percibido inmediatamente como un acto de discriminación. Quienes se vieran obligados a interrumpir sus estudios o su empleo lo resentirían con razón. Si se limitara solo a varones, la crítica sería aún mayor, especialmente después de que el Servicio Militar Voluntario (SMV) ha demostrado en estos años que las mujeres se integran a las Fuerzas Armadas con desempeños que equiparan —y en muchos casos igualan o superan— a los de los hombres.
La propuesta más extendida, sin embargo, apunta a obligar específicamente a los “ni-ni” a realizar el servicio militar. Aun en el mejor de los casos, donde se busca enseñarles oficios, disciplina y valores, surge un problema central: durante el período bajo bandera, estos jóvenes recibirían instrucción militar que incluye el manejo de armas y tácticas de combate. Un estudio riguroso realizado por investigadores asociados a J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), con evidencia basada en cohortes históricas argentinas, concluyó que el Servicio Militar Obligatorio aumentó la tasa de delincuencia posterior en casi un 4%. Este efecto se atribuye, entre otras causas, a la exposición a la violencia, al manejo de armas y a la postergación o pérdida de oportunidades laborales y educativas.
Desde el punto de vista estrictamente militar, expertos coinciden en que, salvo en escenarios de conflicto inminente que pongan en riesgo la soberanía, las guerras modernas requieren personal altamente calificado en tecnologías avanzadas de defensa. No existen en cantidad suficiente instructores ni equipamiento adecuado para entrenar masivamente a miles de jóvenes en estas competencias. Dedicar recursos importantes en infraestructura, uniformes, alimentación, munición y tiempo de instrucción básica para “solucionar” el problema de los ni-ni resultaría, desde cualquier ángulo, en una ineficiencia notable. En el mundo contemporáneo, salvo en países inmersos en conflictos activos, las Fuerzas Armadas tienden a ser cada vez más profesionales y especializadas.
En este contexto, el gobierno actual ha optado por una vía diferente: el fortalecimiento del Servicio Militar Voluntario (SMV). A través del Decreto 372/2025, se ampliaron los requisitos de ingreso (hasta los 28 años), se estableció la obligatoriedad de completar la educación secundaria durante el servicio y se incorporó una fuerte componente de formación en oficios certificables (como cocina, mecánica o vigilancia), junto con mejoras salariales y un enfoque en tareas de apoyo y emergencias. Esta aproximación busca atraer a jóvenes vocacionales con incentivos reales, sin recurrir a la coerción, permitiendo que las Fuerzas Armadas se concentren en su misión principal mientras se genera una vía de inclusión laboral voluntaria.
Finalmente, otros ministerios y áreas del Estado —educación, trabajo, seguridad y formación profesional— podrían diseñar programas conjuntos mucho más efectivos y focalizados para abordar la ociosidad juvenil, la deserción escolar y la falta de oficios, sin involucrar a las Fuerzas Armadas en una tarea que no les corresponde naturalmente.
En este sentido, aplica perfectamente la sabiduría popular: “zapatero a tus zapatos”. Las Fuerzas Armadas deben concentrarse en su misión principal de defensa nacional, mientras que la formación integral de los jóvenes en riesgo debe ser responsabilidad de las políticas sociales, educativas y laborales especializadas.
Nota: este artículo fue publicado en el blog de mi autoría: http://misescritospoliticos.blogspot.com
